DTRDTR

EL BARÇA ECHA A DORSEY POR MOTIVOS DISCIPLINARIOS

El club le comunicó este miércoles la decisión.  Criticó a los médicos por las redes sociales.

Joey Dorsey termina su relación con el Barça. El club azulgrana, tras abrirle expediente disciplinario por acusar en las redes sociales a los servicios médicos de la entidad a obligarle a jugar lesionado, le ha rescindido el contrato en la matinal del miércoles. El club le comunicó hoy mismo la decisión de echarle por falta disciplinar. Rodrigo de la Fuente, el secretario técnico del equipo de basket, fue el encargado de tomar esta decisión que amenazaba con perturbar la paz interna del equipo.

Dorsey justificaba su triste rendimiento en la pista por un diagnóstico erróneo de los médicos del club durante un partido del playoff de la Euroliga de la pasada temporada contra el Lokomotiv Kuban.

Según el jugador, los doctores forzaron su participación en el partido con el riesgo que conllevaba esa decisión. Dorsey colgó el pasado viernes una foto en Instagram acusando a los servicios médicos.

Dorsey ha jugado un promedio de 16 minutos en 16 partidos esta temporada, pero nunca fue un titular en el equipo azulgrana en la Liga Endesa, y 17 en la Euroliga con 17 minutos de promedio. Dorsey estaba pasando por un mal momento de juego.

Fuente : Diario Sport

VALIDEZ DE LA PRUEBA DE VIDEOVIGILANCIA

​EL TS ha vuelto a pronunciarse sobre la validez de la prueba de videovigilancia en dos supuestos procedentes del TSJ Cataluña. En el primero de ellos, un trabajador de un comercio es objeto de un despido disciplinario por trasgresión de la buena fe contractual al haber manipulado los tickets y hurtado cantidades de dinero en fechas concretadas en la carta de despido. En el segundo supuesto, un empleado de un gimnasio también es despedido disciplinariamente como consecuencia de varios incumplimientos, entre ellos, dejar pasar a personas no socias, sin pagar entrada, sin invitación, y sin registrarlos en recepción.

En ambos casos, las pruebas del incumplimiento se han obtenido a través de videocámaras instaladas en el centro de trabajo, junto a la caja en el primer caso, y en la entrada y en los espacios públicos en el segundo. Los trabajadores conocían la existencia de dichas cámaras aunque no habían sido informados de qué podían ser usadas para el control del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo. Asimismo, en ambos supuestos la instalación de cámaras es consecuencia de una preexistente situación de desconfianza.

El TSJ Cataluña declara la improcedencia de ambos despidos al negar validez a la prueba de videovigilancia por considerar que las imágenes obtenidas vulneraban la Const art.18.4. Por lo que en ambos casos la empresa interpone​ recurso de casación para la unificación de doctrina.

Por tanto, la cuestión objeto de debate consiste en determinar la validez o no de la prueba obtenida mediante cámaras cuando los trabajadores no han sido advertidos de su posible uso con fines disciplinarios.

Para resolverla, el TS recuerda la doctrina tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional (39/2016). Este último ha entendido que sólo es necesario que los trabajadores conozcan la existencia, ubicación e instalación de los sistemas de videovigilancia pero no de que pueden tener una finalidad disciplinaria. No obstante, como cualquier medida restrictiva de derechos, su utilización requiere la estricta observancia del principio de proporcionalidad, que implica comprobar que esta medida sea: a) susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); b) necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución del propósito (juicio de necesidad); y, c) equilibrada, por derivarse de ella más beneficios que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto).

En aplicación de esta doctrina, el Tribunal constitucional considera que el empresario no necesita el consentimiento expreso del trabajador para el tratamiento de las imágenes obtenidas a través de las cámaras instaladas con la finalidad de seguridad o control laboral, ya que es una medida dirigida a controlar el cumplimiento de la relación laboral. Y respecto de su aplicación al ámbito laboral, el consentimiento del trabajador se entiende implícito; y el empresario sólo está obligado a solicitar el consentimiento de los trabajadores cuando las grabaciones tienen una finalidad distinta del contrato de trabajo.

Porsuparte,​elTribunalSupremo (7-1-16,EDJ152179)mantuvoestadoctrinayconsideróválidalapruebade videovigilancia en cuanto que las instalación de cámaras supuso una reacción a la existencia de irregularidades en el centro de trabajo, y se colocaron donde estas se venían observando.

En los supuestos enjuiciados, la instalación de cámaras de seguridad esa una medida justificada por razones de seguridad (control de posibles hechos ilícitos imputables a los propios empleados, como a clientes o terceros), idónea para el logro de este fin, y también necesaria y proporcionada. Asimismo, los trabajadores habían sido

informados y conocían de la instalación del sistema de vigilancia, y la ubicación de las cámaras por razones de seguridad. Lo que incluye la vigilancia de los actos ilícitos de empleados y de terceros, pero que no excluye otro tipo de control laboral (ausencias, efectividad…)

Admitida la validez de las pruebas de videovigilancia empleadas por la empresa, la Sala entiende que no se debió denegar la prueba por lo que se estiman ambos recursos de casación para la unificación de doctrina

Nota. Ambas Sentencias llevan votos particulares.

Fuente : ADN

CLÁUSULAS SUELO

La  sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de fecha 21/12/2016, ha fallado a favor de la retroactividad total de lo indebidamente cobrado por las cláusulas suelo, rechazando que se pueda aplicar una retroactividad limitada en el tiempo por ser incompleta e insuficiente.

La sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de fecha 09/05/2013 declaró la nulidad de aquellas cláusulas suelo que cumpliesen con unas condiciones concretas.

A la vista de ello,  en la mayoría de los préstamos hipotecarios con cláusula suelo se puede solicitar la devolución de los importes pagados de más.

En el supuesto que la entidad bancaria haga caso omiso a esta reclamación tal como se expresa en el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, sin llegar a un acuerdo, se puede acceder  a la vía judicial.

Si se encuentra en esta situación no dude en ponerse en contacto con nosotros para resolverlo

Atentamente,

Jesús Rey Lavega

Socio-titular Dept. Contable-fiscal

PLUSVALIA MUNICIPAL INCONSTITUCIONAL

Como bien dice la prensa y medios de comunicación, en las ventas de inmuebles, en el caso que no exista ganancia patrimonial no debe de pagarse la plusvalía municipal.

Ello se basa en una sentencia del tribunal Constitucional, por la que los vendedores de inmuebles solo están obligados a pagar la plusvalía municipal, en el caso que entre la fecha de adquisición y venta se haya incrementado su valor (TC 16-2-2017 ). Es obvio que si se genera una perdida, no se puede obligar al pago de una plusvalía, pues va en contra del principio constitucional de capacidad económica ( CE art 31.1 ).

Si se encuentra en esta situación no dude en ponerse en contacto con nosotros para resolverlo.

 

 

Atentamente,

Jesús Rey Lavega

Socio-titular Dept. Contable-fiscal

DECLARACIÓN ANUAL SOBRE BIENES Y DERECHOS SITUADOS EN EL EXTRANJERO 2016

Estimados clientes,

Les informamos que la presentación de la DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL SOBRE BIENES Y DERECHOS SITUADOS EN EL EXTRANJERO (modelo 720) correspondiente al ejercicio 2016 finaliza el próxima 31 de marzo.

Les recordamos que los obligados tributarios deberán suministrar a la Administración sobre tres diferentes bloques de bienes y derechos que estén situados en el extranjero, (no será necesario presentar dicha declaración si el bloque no supera los 50.000 €):

a) Cuentas en entidades financieras de las que sean titulares o beneficiarios o en las que figuren como autorizados o de alguna otra forma ostenten poder de disposición

 b) Valores, Seguros o Rentas:

  • Valores o derechos representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de cualquier tipo de entidad jurídica, valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios, sobre valores aportados para su gestión o administración a cualquier instrumento jurídico.
  • Acciones y participaciones en el capital social o fondo patrimonial de instituciones de inversión colectiva.
  • Seguros de vida o invalidez de los que sean tomadores.
  • Rentas vitalicias o temporales de las que sean beneficiarios como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, bienes muebles o inmuebles, contratados con entidades establecidas en el extranjero.

c) Bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles de su titularidad situados en el extranjero.

Estas obligaciones se extenderán a quienes tengan la consideración de titulares reales de acuerdo con el art.4.2 de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

La normativa establece un régimen de infracciones y sanciones relacionado con el incumplimiento de estas obligaciones de información. Por ejemplo, la sanción mínima por la falta de presentación del modelo respecto a una sola de las tres obligaciones de información sería de 10.000 €.

Por lo que, si cumple con los requisitos indicados anteriormente y está obligado a presentar el modelo, póngase en contacto con nuestro despacho a la mayor brevedad posible, con el fin de procesar y presentar el modelo dentro de la fecha que marca la normativa.

Atentamente,

Jesús Rey Lavega

1 2 3 4
EL BARÇA ECHA A DORSEY POR MOTIVOS DISCIPLINARIOS
VALIDEZ DE LA PRUEBA DE VIDEOVIGILANCIA
CLÁUSULAS SUELO
PLUSVALIA MUNICIPAL INCONSTITUCIONAL
DECLARACIÓN ANUAL SOBRE BIENES Y DERECHOS SITUADOS EN EL EXTRANJERO 2016