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NULIDAD DEL DESPIDO SIN CAUSA

 

El trabajador presta servicios para la empresa hasta el 9-6-16 en el que es despedido disciplinariamente. En la carta de despido, la empresa alega como motivos la bajada continuada de su rendimiento en el trabajo y el incumplimiento reiterado en las instrucciones y procedimientos rutinarios de su puesto de trabajo, sin especificar los hechos concretos.

El trabajador presenta papeleta de conciliación reclamado la nulidad del despido, que finaliza sin avenencia. No obstante, en este acto la empresa reconoce la improcedencia del despido y ofrece el pago de la indemnización correspondiente. El trabajador interpone demanda de despido solicitando ante el Jdo de lo Social la nulidad del despido al no haber especificado la empresa los incumplimientos concretos imputados . El demandante alega que el Conv OIT no 158 art. 4 establece que para despedir a una persona hace falta que haya una causa justificada, relacionada con su capacidad o conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio, y lo relaciona con el arte. 6.4 del Código civil establece la nulidad de los actos realizados en fraude de ley.

En cuanto que la empresa ha reconocido la improcedencia del despido la cuestión debatida no consiste en determinar si las causas para proceder al despido concurren o no, sino si hay motivos para declarar la nulidad del despido por falta de causa.

El juzgado recuerda que, según el ordenamiento jurídico español, los Tratados internaciones son directamente aplicables y forman parte al derecho interno en cuanto se publican oficialmente, y no se pueden invocar normas de derecho interno para incumplirlos. Por ello, considera que el Conv OIT no 158 y sus disposiciones son directamente aplicables.

En el supuesto enjuiciado no hay causa justificada de despido por lo que se trata de un supuesto de desistimiento empresarial o despido libre. Aunque la reforma laboral de 1994 limitó la nulidad del despido a los supuestos de vulneración de los derechos fundamentales estableciendo la improcedencia para los supuestos de fraude de ley, considera que lo establecido en Conv. OIT no 158, que es ya una norma interna, establece explícitamente que el despido ha de ser causal, y que por tanto no es admisible que el cese no tenga un motivo concreto y explícito. Por ello,

si verdaderamente se determina que no hay causa, estamos ante un acto jurídico que reúne los requisitos del fraude de ley, al utilizar la norma que da cobertura formal al despido para conseguir un resultado -extinción de la relación laboral- prohibido o contrario a la ley -necesitado de existencia de la causa-.

Asimismo, considera que esta solución es conforme con la doctrina del TCo que ha interpretado que el derecho al trabajo (Const art. 35.1) también incluye el derecho a no ser despedido sin justa causa; y ha utilizado en múltiples ocasiones la aplicación directa de los convenios de la OIT en la legislación española. Por último, como complemento, el juzgador también recuerda que la función jurisdiccional comprende la aplicación de las leyes y esto también incluye la normativa internacional con la misma jerarquía que la ley interna. Por ello considera, que en la materia de la causalidad del despido, la aplicación que hacen los tribunales españoles es contraria a las prescripciones del Convenio núm. 158 del OIT.

Por ello, se estima la demanda y se declara nulo el despido por entender que en la decisión extintiva unilateral de la empresa bajo la apariencia formal de un despido disciplinario, no hay una causa real, ya sea o no improcedente.

 

VISTA PARA SENTENCIA LA DEMANDA DE BRAVO POR EL TRASPASO DE LA REAL AL FC BARCELONA

 

El guardameta del City declaró en una vista en la Magistratura de Trabajo por la demanda que presentó contra la Real Sociedad.

Reclama al club donostiarra una deuda de 1,3 millones de euros correspondientes al 10 por ciento de su traspaso al FC Barcelona.

El pasado 13 de Junio, Claudio Bravo se personó en el Juzgado de Barcelona para declarar en el juicio por la demanda que interpuso contra la Real Sociedad, a través de la cual reclama al club donostiarra 1,3 millones de euros en concepto del 10% de su traspaso al al FC Barcelona en 2014.

En el contrato del chileno con la Real estaba estipulado que percibiría esa cantidad en caso de ser traspasado, pero en el propio acuerdo de compraventa con el Barça, el jugador renunció por escrito a cobrar esa cantidad.

Acompañado del abogado Berenguer TomásBravo alegó que hay derechos irrenunciables de los trabajadores, cuestión que haría ilegítima la cláusula del contrato de compraventa en la que él renunciaba a la citada cantidad.

 

Fuente :  Diario Sport y Mundo Deportivo

   

 

FALTA DE PROPORCIÓN ENTRE DAÑO E INDEMNIZACIÓN

​La empresa había suscrito con un trabajador un pacto de no competencia postcontractual según el cual se le abonaría una compensación mínima de 18.000 euros durante 18 meses, y la previsión de que se continuarían abonando 6.000 brutos anuales en años sucesivos. Asimismo, hubo un acuerdo de formación por el que la empresa satisfizo al trabajador un curso de programa superior de dirección de ventas. En caso de incumplimiento del pacto de no competencia postcontractual por parte del trabajador, se acordó que este debería abonar a la empresa una cuantía equivalente al salario anual del trabajador (59.000 euros).

El trabajador presenta baja voluntaria en la empresa comenzando, sin solución de continuidad, a prestar servicios en una empresa de la competencia. Ante el incumplimiento del trabajador, la empresa le solicita el abono de la cláusula penal establecida en el contrato, por lo que presenta reclamación de cantidad. La sentencia de suplicación condena al trabajador al abono de la cláusula penal de 59.000 euros, por lo que el trabajador interpone recurso de casación para la unificación de doctrina.

La cuestión debatida consiste en determinar si es adecuada la cuantía de la indemnización establecida para el caso de incumplimiento del pacto de no competencia por parte del trabajador.

El TS señala que el pacto de no competencia postcontractual genera expectativas tanto para el trabajador como para el empresario, es decir, que en ambos casos la cláusula tiene carácter indemnizatorio. El TS entiende que cuando se pacta una cláusula penal sustitutoria de la indemnización de los daños y perjuicios únicamente exime a la empresa de la acreditación de su importe de la indemnización pero no le exime acreditar la proporcionalidad entre la indemnización y el daño que es consustancial a todo el ámbito penalizador o sancionatorio.

El TS recuerda que la jurisprudencia civil establece que la cláusula penal sanciona el incumplimiento o el cumplimiento irregular de la obligación, y valora anticipadamente los perjuicios, por lo que es una excepción al régimen normal de las obligaciones, al sustituir la indemnización , lo que obliga a su interpretación
restrictiva. Asimismo​, en el ámbito social el ET art. 21 sobre el pacto de no concurrencia obliga a que se satisfaga al trabajador una compensación económica adecuada, de implica también que la compensación a la empresa cuando dicho trabajador incumpla el pacto también debe ser adecuada o proporcional.

Por esta razón en el supuesto enjuiciado, en el que la compensación económica a cargo del trabajador supera el triple de la pactada para éste como prestación empresarial por el compromiso de no competencia postcontractual, la Sala considera que la cuantía de la cláusula penal es desproporcionada y la empresa no ha dado mas explicación para su imposición que la previsión contractual misma, y tampoco ha demostrado la cuantificación del daño causado.​​

NUEVO CRITERIO DE LA ITSS

 

DGITSS Instr 1/2017, 18-5-17

​La Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha dictado una nueva Instrucción relativa al control del tiempo de trabajo y de las horas extraordinarias con el objeto de adecuar su anterior Instrucción 3/2016 a la interpretación que el TS ha realizado sobre el art.35.5 ET. En su sentencia de 27-3-17, el TS casó y anuló la dictada por la AN 4-12-15 declarando que el art.35.5 ET no exige la llevanza de un registro de la jornada diaria de toda la plantilla para poder comprobar el cumplimiento de los horarios pactados. Esta doctrina ha sido reiterada en la sentencia del TS 20-4-17.

La Instrucción 1/2017 mantiene vigente la Instrucción 3/2016, excepto el aspecto relativa a ​la llevanza del registro de jornada. No siendo una obligación exigible a las empresas con carácter general, la omisión del registro de jornada diaria de trabajo no es constitutiva de una infracción del orden social. No obstante, esto no afecta a la obligación empresarial de respetar los límites legales y convencionales en materia de tiempo de trabajo y horas extraordinarias cuyo cumplimiento debe comprobar la ITSS. Para ello, puede desplegar las actuaciones de comprobación pertinentes pudiendo utilizar como medio de prueba, entre otros, el registro de la jornada allí donde esté implantado.

Finalmente, la ITSS recuerda que se mantiene la obligación de registro de la jornada, y su incumplimiento será sancionable, en los casos de trabajadores a tiempo parcial, trabajadores móviles en el transporte por carretera, de la marina mercante o ferroviarios.

Evolución cronológica de la obligación del registro horario

DGITSS Instr 1/2017, 18-5-17

Regulación leg​al

ET art.37. Horas extraordinarias

5. A efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en el periodo fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente.

RDLeg 5/2000 art.7. Infracciones graves

5. La transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos y, en general, el tiempo de trabajo a que se refieren los arts. 12, 23 y 34 a 38 del Estatuto de los Trabajadores.

Primera interpretación ​

AN 4/1​2/15, EDJ 238144

Para el control efectivo de las horas extraordinarias es necesario el registro diario de la jornada ya que para calificar las horas como extraordinarias se deben realizar sobre la duración máxima de la jornada de trabajo. Si el registro diario de la jornada solo resultara obligatorio cuando se realizan horas extraordinarias, se vaciaría el contenido y la finalidad de esta obligación, ya que sin el registro diario de la jornada, es imposible controlar la realización de horas extraordinarias.

DG ITSS Instr 3/2016

En caso de ausencia de registro de jornada diaria: la inspección efectúa requerimiento para el cumplimiento de la obligación y extiende acta de infracción por infracción grave (RDLeg 5/2000 art.7.5). Se puede extender nueva acta de infracción en caso de reiteración.

Interpretación actual ​

TS 23-3-17,​ EDJ 30702 (caso Bankia)​

El TS exime a las empresas de la obligación de llevar un registro de la jornada diaria de toda la plantilla para comprobar el cumplimiento de los horarios pactados. Considera que el ET solo obliga, salvo pacto, a llevar el registro de las horas extras realizadas y a comunicar a final de mes al trabajador y a la representación legal de los trabajadores su número, caso de haberse efectuado.

La sentencia cuenta con tres votos particulares que señalan que la obligación de registrar las horas extraordinarias se vacía de contenido si no se efectúa un seguimiento o control de la jornada, y que el fallo no garantiza que el trabajador cuente con un medio de prueba documental.

TS 20-4-17, EDJ 58471 (caso Abanca)

Las empresas, con carácter general, no están obligadas a llevar a cabo un registro de la jornada diaria y la obligación del empresario de anotar (registrar) se extiende sólo a las horas extraordinarias realizadas.
Esta sentencia no cuenta con votos particulares, y al tratarse de la segunda sentencia dictada en casación ordinaria constituye jurisprudencia (ET art. 1.6 CC).

DG ITSS Instr 1/2017

No siendo una obligación exigible a las empresas con carácter general, la omisión del registro de jornada diaria de trabajo no es constitutiva de una infracción del orden social.

MESSI VS RONALDO: ¿POR QUÉ HAY DIFERENCIA DE TRATO POR HACIENDA?

ARTÍCULO OPINIÓN DIARIO SPORT. Luis Atienza Alarcón/Francisco Domínguez.

Intentaremos explicar de la forma más sencilla posible porqué Hacienda ha dado un trato diferente a jugadores que no han cumplido con su obligación de pagar los impuestos que les correspondían por sus derechos de imagen, en concreto, Leo Messi y Cristiano Ronaldo.

Leo Messi era residente en España desde su adolescencia y, por tanto, debía tributar en el IRPF español por toda su renta mundial. Es decir, si cobraba en el extranjero por su imagen lo debía declarar en España, descontando lo pagado fuera. Según ha confirmado el Tribunal Supremo, no cumplió con sus obligaciones tributarias respecto a los derechos de imagen, pretendiendo ocultarlos a Hacienda creando sociedades en paraísos fiscales, siendo descubierto tras iniciarle un procedimiento de inspección.

Cristiano Ronaldo, al llegar a España, se benefició de la llamada “Ley Beckham” que desde 2003 permitía a los deportistas llegados de fuera (por ejemplo Ronaldinho o el citado Beckham, también Neymar) tributar en España sólo por las rentas ganadas en España y a un tipo fijo del 24 %. Cristiano, al igual que Messi, parece ser que ocultó lo ganado por sus derechos de imagen en el extranjero mediante sociedades de paraisos fiscales.

¿Dónde está la diferencia de trato? En que el Código Penal, artículo 305, cuando regula los delitos fiscales, exime del delito a quien declara y paga lo defraudado antes de que se le inicie un procedimiento de inspección. Esa declaración voluntaria, aunque tardía, y pago anterior a iniciarse la inspección es la que realizó Cristiano Ronaldo y no realizó Leo Messi. Eso sí, la declaración debe ser completa, veraz y espontánea.

¿Por qué ahora se plantea un posible delito fiscal de Cristiano Ronaldo? Tras finalizar la inspección, Hacienda considera que la declaración complementaria y fuera de plazo realizada por Cristiano no era correcta, por diferencias de naturaleza técnica, que pueden ser discutidas ante los Tribunales, en concreto sobre qué parte de sus derechos de imagen se obtenía en España (y debía tributar) y qué parte se obtenía fuera (sin obligación de tributar en España).

La duda de la Agencia Tributaria reside en considerar si la declaración presentada ( y que a su juicio es incompleta o inexacta) exime a Cristiano del delito o no. Parece ser que, como Poncio Pilatos, se “lava las manos” y remite el expediente al Fiscal para que éste decide si acusa o no. Si fuera así, será el Juez quien decida en último lugar. Si no se acusa, se sigue la vía administrativa con posibles sanciones.

¿Qué pasará? Cualquiera de las dos soluciones es posible y sentará criterio. Teniendo en cuenta los antecedentes y el relumbrón de los nombres, apuesten por la vía más mediática: la penal. Y ya puestos a apostar, se reconocerá el delito y CR7 pagará la deuda para conseguir una pena mucho más reducida que Messi y no asumirá el riesgo de una pena de cárcel de obligado cumplimiento.

Luis Atienza Alarcón (Abogado. Inspector de Hacienda exc).

Francisco Domínguez (Abogado BUFETE DTR)

 

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