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INDEMNIZACIÓN POR EXTINCIÓN DEL CONTRATO. ¿CUÁNDO ESTÁ SUJETA A IRPF?

08 May, 2019

 

No está exenta de IRPF, lo que conlleva la obligación de la empresa de practicar retención, la indemnización abonada a los trabajadores como consecuencia del pacto alcanzado con la empresa para extinguir el contrato. La existencia del pacto se puede deducir a partir de indicios tales como la edad del trabajador, el importe de la indemnización o las causas alegadas en la carta de despido. 

 

 

Mediante acuerdo de la AEAT, se practica liquidación en concepto de retenciones e ingresos a cuenta para regularizar las cuantías satisfechas en concepto de indemnización por despido improcedente de 12 empleados, que la empresa había considerado exentas. La empresa presenta reclamación económico administrativa que el TEAC desestima al considerar, a partir de indicios, que las indemnizaciones satisfechas a los trabajadores no están exentas de IRPF ya que son fruto de un pacto con la empresa para extinguir la relación laboral. La empresa recurre ante la AN.

La controversia se suscita en relación con la obligación de retener por parte de la empresa, lo que a su vez se hace depender de si la cantidad satisfecha al trabajador en concepto de indemnización por despido improcedente está sujeta o exenta al IRPF.

Conforme a la LIRPF (L 35/2006 art.7) están exentas de IRPF las indemnizaciones por despido o cese del trabajador en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el ET, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato. La AN considera que los indicios en los que se basa el acuerdo de liquidación conducen razonablemente a la conclusión de que las indemnizaciones satisfechas a los trabajadores son fruto de un pacto con la empresa y no consecuencia del despido de los trabajadores. Alcanza esta conclusión a partir de los siguientes indicios:

a) La edad de los trabajadores superaba en todo los casos los 60 años y pasaron a cobrar, hasta los 65 años, el subsidio por desempleo y posteriormente la pensión de jubilación.

b) Todos han aceptado una indemnización muy inferior a la que les correspondería en caso de resultar el despido improcedente. Además, no existe relación ninguna entre la cuantía de la indemnización y los años de servicio.

c) Los despidos que figuran en las cartas de despido no tienen un contenido concreto ni preciso de los incumplimientos de los trabajadores. No se concretan ni los días de falta al trabajo, ni en qué consistió la desobediencia a los superiores en el trabajo o la disminución voluntaria y reiterada del rendimiento laboral que justificarían el despido.

d) En todas las actas de conciliación la empresa reconoce la improcedencia del despido y no opta en ningún caso por la readmisión del trabajador sino siempre por el pago de la indemnización.

Para la AN, este acuerdo es beneficioso tanto a la empresa como a los trabajadores. La indemnización aceptada por los trabajadores, aun siendo inferior a la que les hubiera correspondido en caso de declaración de improcedencia del despido, les permite obtener, hasta la edad de jubilación, unos ingresos mayores que si hubieran desempeñado su trabajo, a lo que ha de añadirse la dificultad de encontrar un nuevo empleo en ese momento. Además, a la indemnización aceptada, se suma la prestación de desempleo hasta llegar a la edad de jubilación. La empresa, por su parte, puede extinguir la relación laboral a un coste menor al del despido improcedente y al que hubiera tenido que pagar al trabajador hasta su jubilación.

En base a estos indicios, la AN llega a la conclusión de que lo ocurrido fue un pacto de extinción de la relación laboral, por lo que las indemnizaciones abonadas deben estar sujetas a IRPF y la empresa debe practicar la retención oportuna. Por ello, desestima el recurso contencioso administrativo.