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VALIDEZ DE LA PRUEBA DE VIDEOVIGILANCIA

24 Mar, 2017

​EL TS ha vuelto a pronunciarse sobre la validez de la prueba de videovigilancia en dos supuestos procedentes del TSJ Cataluña. En el primero de ellos, un trabajador de un comercio es objeto de un despido disciplinario por trasgresión de la buena fe contractual al haber manipulado los tickets y hurtado cantidades de dinero en fechas concretadas en la carta de despido. En el segundo supuesto, un empleado de un gimnasio también es despedido disciplinariamente como consecuencia de varios incumplimientos, entre ellos, dejar pasar a personas no socias, sin pagar entrada, sin invitación, y sin registrarlos en recepción.

En ambos casos, las pruebas del incumplimiento se han obtenido a través de videocámaras instaladas en el centro de trabajo, junto a la caja en el primer caso, y en la entrada y en los espacios públicos en el segundo. Los trabajadores conocían la existencia de dichas cámaras aunque no habían sido informados de qué podían ser usadas para el control del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo. Asimismo, en ambos supuestos la instalación de cámaras es consecuencia de una preexistente situación de desconfianza.

El TSJ Cataluña declara la improcedencia de ambos despidos al negar validez a la prueba de videovigilancia por considerar que las imágenes obtenidas vulneraban la Const art.18.4. Por lo que en ambos casos la empresa interpone​ recurso de casación para la unificación de doctrina.

Por tanto, la cuestión objeto de debate consiste en determinar la validez o no de la prueba obtenida mediante cámaras cuando los trabajadores no han sido advertidos de su posible uso con fines disciplinarios.

Para resolverla, el TS recuerda la doctrina tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional (39/2016). Este último ha entendido que sólo es necesario que los trabajadores conozcan la existencia, ubicación e instalación de los sistemas de videovigilancia pero no de que pueden tener una finalidad disciplinaria. No obstante, como cualquier medida restrictiva de derechos, su utilización requiere la estricta observancia del principio de proporcionalidad, que implica comprobar que esta medida sea: a) susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); b) necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución del propósito (juicio de necesidad); y, c) equilibrada, por derivarse de ella más beneficios que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto).

En aplicación de esta doctrina, el Tribunal constitucional considera que el empresario no necesita el consentimiento expreso del trabajador para el tratamiento de las imágenes obtenidas a través de las cámaras instaladas con la finalidad de seguridad o control laboral, ya que es una medida dirigida a controlar el cumplimiento de la relación laboral. Y respecto de su aplicación al ámbito laboral, el consentimiento del trabajador se entiende implícito; y el empresario sólo está obligado a solicitar el consentimiento de los trabajadores cuando las grabaciones tienen una finalidad distinta del contrato de trabajo.

Porsuparte,​elTribunalSupremo (7-1-16,EDJ152179)mantuvoestadoctrinayconsideróválidalapruebade videovigilancia en cuanto que las instalación de cámaras supuso una reacción a la existencia de irregularidades en el centro de trabajo, y se colocaron donde estas se venían observando.

En los supuestos enjuiciados, la instalación de cámaras de seguridad esa una medida justificada por razones de seguridad (control de posibles hechos ilícitos imputables a los propios empleados, como a clientes o terceros), idónea para el logro de este fin, y también necesaria y proporcionada. Asimismo, los trabajadores habían sido

informados y conocían de la instalación del sistema de vigilancia, y la ubicación de las cámaras por razones de seguridad. Lo que incluye la vigilancia de los actos ilícitos de empleados y de terceros, pero que no excluye otro tipo de control laboral (ausencias, efectividad…)

Admitida la validez de las pruebas de videovigilancia empleadas por la empresa, la Sala entiende que no se debió denegar la prueba por lo que se estiman ambos recursos de casación para la unificación de doctrina

Nota. Ambas Sentencias llevan votos particulares.

Fuente : ADN